SANTO DOMINGO: La diputada Faride Raful sometiĂł un proyecto de ley de “ReorganizaciĂłn de la AdministraciĂłn PĂşblica” que busca disolver 57 instituciones, comisiones u organismos que tienen asignaciones y/o transferencias por de fondos por aproximadamente RD$15,700 millones mientras su impacto social es bajo.
La iniciativa busca reorganizar y mejorar la gestiĂłn pĂşblica mediante la disoluciĂłn y traspaso de funciones de estas entidades que forman parte del Gobierno Central y que carecen de funciones o tienen duplicidad con otras instituciones, “provocando dispendio en los gastos corrientes”.
Raful, diputada en el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), indica que la Constitución de la República Dominicana establece el principio de razonabilidad en el uso y manejo de los recursos del Estado, con lo cual no se está cumpliendo.
Déficit. Señala además que los presupuestos de la última década reflejan déficits, parcialmente originados por partidas presupuestarias y transferencias cuantiosas realizadas a una serie de instituciones públicas y/o organismos del Estado ineficientes, arcaicos.
Apunta que en la Ley General de Presupuesto del 2017 se identifica un grupo de partidas y transferencias, cuyo uso y retorno social debe ser revisado.
Recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que el nivel de nuestra deuda pĂşblica de la RepĂşblica Dominicana supera el 51% del Producto Interno Bruto (PIB), pronosticando que para los prĂłximos tres años podrĂa superar el 60% llegando a posibles niveles de insostenibilidad de la deuda pĂşblica.
Agrega que gran parte de los economistas más reconocidos, han sugerido realizar ajustes significativos al gasto pĂşblico, a los fines de evitar llegar a los niveles de insostenibilidad a los que el paĂs se dirige.
Señala que el Proyecto de Presupuesto General para el año 2018 “mueve a enorme preocupaciĂłn dado que aumenta significativamente los gastos corrientes y aumenta de manera agresiva el dĂ©ficit y el financiamiento, por lo que es imperativo que el Poder Ejecutivo tome las medidas necesarias que permitan producir los ahorros para frenar el tren de endeudamiento en que se encuentra el paĂs”.
Dos casos. De aprobarse la ley, pasarán a ser parte del Ministerio de Agricultura los equipos, bienes muebles e inmuebles, personal y presupuestos de 12 instituciones que dejarĂan de existir, tales como son el Consejo Nacional para el Fomento y ReglamentaciĂłn de la Industria Lechera (CONALECHE); el Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR); el Consejo Dominicano del CafĂ© (CODOCAFE); Instituto del Tabaco (INTABACO); Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA); Instituto Nacional de la Uva; Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA); Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF); ComisiĂłn Sectorial para la Reforma y ModernizaciĂłn del Sector Agropecuario; Consejo Nacional de ProducciĂłn Pecuaria (CONAPROPE); Instituto Nacional de EstabilizaciĂłn de Precios (INESPRE) y Consejo Nacional de Agricultura.
En el caso del Plan de Asistencia Social, absorberĂa 14 entidades como son el Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR); Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENORTE); Instituto para el Desarrollo del Nordeste (INDENORDE); Fondo de PromociĂłn a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD); DirecciĂłn General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP); Consejo Nacional PromociĂłn y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME); Comedores EconĂłmicos; Sistema Ăšnico de Beneficiarios (SIUBEN); el Gabinete de CoordinaciĂłn de PolĂticas Sociales; DirecciĂłn General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC); Progresando con Solidaridad; ComisiĂłn Presidencial de Desarrollo Barrial; la ComisiĂłn Presidencial de Desarrollo Provincial y Comunidad Digna Contra La Pobreza.
Prohibiciones. El proyecto de ley prohĂbe al Poder Ejecutivo crear mediante decreto ninguna instituciĂłn, comisiĂłn, consejo o direcciĂłn sin que la misma sea aprobada por el Congreso Nacional mediante una ley especial y bajo el amparo de la ConstituciĂłn de la RepĂşblica Dominicana.
Igualmente prohĂbe la asignaciĂłn de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la FundaciĂłn Banreservas, por ser una entidad vinculada al Banco de Reservas de la RepĂşblica Dominicana, con autonomĂa presupuestaria para poder cubrir las necesidades de dicha entidad sin fines de lucro.
TambiĂ©n impide la asignaciĂłn de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la ComisiĂłn HĂpica Nacional, que por regular todo lo relacionado con ese sector y tener el manejo del HipĂłdromo Nacional debe ser auto sostenible para cubrir las necesidades financieras que tenga la entidad.
Además prohĂbe la asignaciĂłn de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la Unidad Ejecutora de Pignoraciones (UEPI), y asigna dichas partidas o transferencias al Banco AgrĂcola, entidad que debe ser la llamada a realizar estas transacciones financieras.
Personal. En cuanto al personal que se pretenda trasladar de las instituciones públicas eliminadas a las absorbentes, la iniciativa indica que sólo podrán ser trasladados siguiendo los normas establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública.
Sanciones. El proyecto establece que los funcionarios o empleados públicos, que de manera individual o conjunta, ejecuten medidas y disposiciones contrarias, serán castigados con prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación absoluta de cinco a diez años, para cargos y oficios públicos.
Fuente: Ohelmis Sánchez [...]
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